Maduro desprecia olímpicamente el Informe Bachelet

Maduro desprecia olímpicamente el Informe Bachelet

Profile picture for user roberto
maduro y bachelet
Etiquetas

ONGs de derechos humanos en Venezuela denuncian que no ha cumplido ninguna recomendación

El informe de la Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos fue criticado fuertemente por Nicolás Maduro, pues pone en evidencia la crisis venezolana en temas como torturas, poco acceso a servicios públicos y control social a través de la represión

Unas 23 recomendaciones hizo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de Venezuela entre enero de 2018 y mayo de 2019, pero el régimen de Nicolás Maduro no cumplió ni una de las sugerencias hechas por la funcionaria de la ONU.

Para el 9 de septiembre se tiene prevista la segunda actualización oral de Bachelet sobre la situación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta sesión, se espera que la Alta Comisionada ofrezca nueva información sobre la crisis de DDHH del país y amplíe algunos aspectos del informe publicado en julio, que ha sido criticado duramente por Maduro y el oficialismo.

Recomendaciones con respecto al acceso a los servicios básicos y alimentos, liberación de los presos políticos, adopción de medidas para frenar graves violaciones como las ejecuciones extrajudiciales, disolución de los organismos policiales como las FAES o de grupos armados de civiles paraestatales conocidos como “colectivos” son algunos de los ítems plasmados por la diplomática chilena en su informe.

Al término de su visita en junio, la Alta Comisionada informó que su Oficina habría logrado una serie de compromisos con el régimen de Maduro para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Pero estos acuerdos tampoco se cumplieron, como afirma Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos (Provea).

En realidad, algunas de estas políticas que habían pedido revisarse fueron “reforzadas” por Maduro, como el apoy de las FAEC en un acto público, pese a los graves señalamientos hechos por Bachelet.

Francisco Valencia, director de la Coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida (Codevida), también señala que ninguna de las recomendaciones se ha cumplido hasta el momento. “Por eso hemos exhortado y hemos enviado más información a la alta comisionada sobre el tema de la emergencia humanitaria en salud”.

Valencia además ahonda que en ningún momento se ha permitido la cooperación internacional “para poder aliviar a la población víctima de esta tragedia”.

Lo que nosotros creemos es que no hay voluntad política para cumplir, y existe una actitud de estancamiento con el alto comisionado sin tomar medidas que beneficien al tema de los derechos humanos. Por ello estamos convencidos de la necesidad de motorizar otros mecanismos para Venezuela”, asegura el coordinador de Provea.

Uzcátegui recuerda que en junio se acordó un plan de trabajo de nueve puntos, “un plan que no se ha cumplido. Una de las cosas importantes que era abrir una oficina del Alto Comisionado con la presencia de dos oficiales. La realidad que tenemos ahora es que no hay ningún oficial en Venezuela porque salieron en un periodo y el Gobierno les dijo que no podían regresar al país. Ni eso ni el resto de los acuerdos se han logrado”.

Por ello, desde Provea destacan que se está haciendo un cabildeo diplomático “para insinuar que son necesarias otras medidas para abordar la crisis venezolana”. Entre esas medidas está incluida la creación de una comisión de investigación para el país, y se ratifiquen estos acuerdos de trabajo que ya se tenían con la Alta Comisionada.

“Hay opiniones divididas, pero nosotros creemos que son necesarias. Hay otros países que piensan que el Gobierno tiene un proceso de diálogo con la oposición , con sectores democráticos, que hay que darle más tiempo para que cumpla con el plan de trabajo o mostrar algunos resultados, algunas señales positivas en derechos humanos pero nosotros creemos que eso no va a pasar”, admite Uzcátegui.

Lo que viene

Desde Codevida tienen información que esta actualización del informe “viene enfocado el derecho a la salud, que ha sido uno de los más afectados por la emergencia humanitaria. En el primer informe no se recalcó muy bien el tema de los derechos de las personas al acceso a la salud”.

Entre los reportes que consignó Codevida se encuentra la situación de las personas con insuficiencia renal y el estado de las unidades de diálisis. Valencia explica que “hay estadísticas alarmantes sobre las unidades de diálisis cerradas, máquinas dañadas, la disponibilidad en todo el país apenas llega al 36%, lo que ha llevado a que muchas personas hayan fallecido por la ausencia de este tipo de tratamientos”.

El estado de los servicios públicos, incluido dentro del informe y las recomendaciones de Bachelet, también ha incidido en el estado de las personas con problemas renales debido al agravamiento del acceso a electricidad y agua potable, especialmente en el interior del país.

Pensamos que viene seguro alguna mención sobre esta situación. La Alta Comisionada está al tanto de los daños irreversibles en materia de salud y esperamos que en la continuación del informe se refleje y se haga un exhorto al Estado venezolano para permitir una cooperación internacional de grandes magnitudes, porque lo que ha llegado no ha sido para enfermedades crónicas, y se haga un llamado a organizaciones internacionales sobre esta situación”, asegura el director de Codevida.

Además de ratificar algunas de sus preocupaciones plasmadas en el informe anterior, desde Provea consideran que la alta comisionada Bachelet va a referirse a la sanciones financieras contra el país.

Rafael Uzcátegui señala que “ya ella (Bachelet) ha hecho un pronunciamiento oficial por ese tema y seguramente lo incorporará en el sentido que ella lo expresa, y estamos absolutamente de acuerdo, de que hay una crisis preexistente y esas sanciones financieras solo van a agravar la situación de las personas más vulnerables”.

El coordinador general de Provea destaca que también hay que interpretarlo como un signo, pues este es el único tema que le importa al régimen de Maduro. “Entonces seguramente la Alta Comisionada lo incorporará como un signo en el marco de las negociaciones para que ellos puedan estar en Venezuela y seguir teniendo relaciones con Nicolás Maduro para que se retome la agenda de trabajo”.

Maduro arrecia represión

La persecución y detención de opositores es uno de los puntos resaltantes del informe que publicó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio de este año

El régimen de Nicolás Maduro arreció la persecución la primera semana de septiembre contra funcionarios que han sido nombrados por Juan Guaidó, mandatario interino reconocido por más de 50 países desde enero, en puestos clave como embajadas o juntas directivas de empresas en el exterior.

Los primeros allanamientos contra figuras del gobierno de Guaidó se realizaron el 3 de septiembre, han sido llevados a cabo por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y algunos con órdenes de allanamiento emitidos por un tribunal.

A Javier Troconis, comisionado presidencial para la gestión y recuperación de activos, le fue requisada su vivienda ubicada en Lechería (estado Anzoátegui). Los funcionarios del Sebin se llevaron documentación que encontraron en la casa y algunas tarjetas bancarias que habían expirado, según el portal web El Pitazo.

Troconis fue designado como comisionado el 28 de agosto por Guaidó. Anteriormente se desempeñaba como asesor petrolero y trabajó por más de 20 años en Anzoátegui como director de la compañía T & C Services, la cual prestaba servicios ambientales y tenía un contrato de manejo de coque en el Complejo Criogénico de José.

En ese localidad también se registró el allanamiento a la vivienda de Carlos Balza, nombrado por Guaidó en febrero como parte de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Desde 2011, el funcionario se encuentra fuera del país.

La persecución y detención de opositores es uno de los puntos resaltantes del informe que publicó la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio de este año y donde se recomienda liberar a todos los presos políticos y detener, condenar públicamente y prevenir estos actos, “incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio”.

El informe de Bachelet dejó sentado que las autoridades venezolanas “han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.

Para la alta comisionada de Naciones Unidas, esta “represión selectiva” se exterioriza en múltiples violaciones de los derechos humanos, “que pueden constituir persecución por motivos políticos”, por lo que considera necesario una mayor investigación “para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual”.

Perseguidos por todo el país

Otros de los afectados por estas medidas de persecución son los embajadores Carlos Vecchio (Estados Unidos) y Gustavo Tarre Briceño (Colombia), ambos fuera del país desde hace años y ejerciendo estos cargos diplomáticos desde principios de 2019.

El embajador Vecchio denunció hace meses que sus padres, radicados en Monagas, estaban siendo hostigados por las autoridades de esa entidad, que pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El jueves 5 de septiembre también le fue allanada su vivienda en Caracas, aunque no ofreció mayores detalles.

En el caso de Tarre Briceño, los funcionarios del Sebin ingresaron a la vivienda ubicada en el sureste de Caracas el 5 de septiembre. La orden judicial provino del Juzgado tercero de primera instancia y jurisdicción nacional, con competencia en casos de terrorismo.

La orden habría sido dictada el 30 de agosto, y se instruía “buscar material audiovisual, sistemas de almacenamiento masivo, sistemas de comunicación satelital, registros bancarios e instrumentos financieros, computadores portátiles y armas de fuego, además de otros implementos relacionados con la comisión de un hecho punible”.

El embajador, actualmente radicado en Bogotá, dijo que esa vivienda está en condición de alquiler desde hace años, y las personas que actualmente residen en el apartamento no tienen relación alguna con su persona o sus actividades políticas.

La hermana del embajador, Maruja Tarre, detalló a través de las redes sociales que de la vivienda se llevaron equipos de computación, aunque no supo determinar si eran propiedad de su hermano o pertenecen a los inquilinos.

El último de los allanamientos se realizaría a la casa de la abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla y quien renunció al cargo de embajadora ante República Checa el 1° de agosto.

Suju denunció a través de su cuenta en Twitter que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tenía órdenes judiciales para ingresar a su vivienda, en la cual no reside desde hace cinco años, y la de su hermano, ambas ubicadas en Caracas.

Además, indicó que llevará la denuncia a la Corte Penal Internacional, con el objetivo de que se sume al expediente por represión y persecución sistemática que lleva la CPI sobre Venezuela.

 

Con información de Tal Cual Digital (Venezuela)

 

Maduro apoya a las FAES en un acto público el pasado 17 de julio. Este organismo fue denunciado en el Informe Bachelet como represor y violador de derechos humanos 

Añadir nuevo comentario

Texto sin formato

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.
  • Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.